El Tribunal Supremo ha dictado un fallo que avala la legitimidad del parque eólico de Campelo, desarrollado por Greenalia, anulando una decisión anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta sentencia representa un cambio notable en el proceso judicial, al considerar que la autorización administrativa otorgada a este proyecto no infringía la ley.
El caso generó controversia cuando el TSXG anuló la autorización del parque eólico, argumentando que el proyecto se había fragmentado para esquivar una evaluación ambiental más rigurosa. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su dictamen, señala que el compartir infraestructuras de conexión entre diversas instalaciones eólicas no significa automáticamente que deban evaluarse como un único proyecto desde el punto de vista ambiental. Según el alto tribunal, la decisión debe basarse en las circunstancias particulares de cada situación y estar sustentada en la normativa y jurisprudencia relevantes.
El caso había sido objeto de controversia después de que el TSXG anulase la autorización del parque eólico al considerar que se había producido una división del proyecto con el fin de evitar una evaluación ambiental más exhaustiva. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su resolución, establece que el hecho de que varias instalaciones eólicas compartan infraestructuras de conexión no implica necesariamente que deba considerarse como un único proyecto a efectos de evaluación ambiental. La decisión, según el alto tribunal, debe depender de las circunstancias específicas de cada caso y estar fundamentada en la normativa y jurisprudencia aplicables.
El fallo determina que la sentencia del TSXG «se aparta de la doctrina jurisprudencial» y que no se ajusta al marco legal vigente, motivo por el cual ha sido revocada. Con ello, la autorización administrativa otorgada para el parque eólico de Campelo queda ratificada, lo que supone un aval para el desarrollo de este proyecto en Galicia.
La Consellería de Medio Ambiente ha mostrado su satisfacción con este fallo judicial, afirmando que confirma que la gestión ambiental llevada a cabo por el Gobierno gallego se ajustó a la ley. Además, la Consellería menciona que no es la primera ocasión en la que los tribunales apoyan la legalidad de su gestión ambiental, ya que varias resoluciones dictadas entre finales de 2023 y comienzos de 2024 también han validado procedimientos semejantes.
La Consellería de Medio Ambiente ha expresado su satisfacción por esta decisión judicial, argumentando que confirma que la tramitación ambiental realizada por el Gobierno gallego fue conforme a derecho. Además, la Consellería recuerda que no es la primera vez que los tribunales respaldan la legalidad de su tramitación ambiental, ya que varias sentencias emitidas entre finales de 2023 y principios de 2024 también han validado procedimientos similares.
Por otro lado, la patronal eólica gallega (EGA) ha recibido la sentencia con cautela. Aunque reconocen que se trata de un paso adelante en los litigios que afectan al sector, advierten que aún queda pendiente la resolución de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según EGA, es fundamental que se establezca una mayor certeza y seguridad jurídica para garantizar el desarrollo del sector eólico, ya que actualmente existen más de un centenar de parques eólicos en Galicia que se encuentran en procesos judiciales o suspendidos cautelarmente.
La aprobación del parque eólico de Campelo es una buena noticia para el impulso de las energías renovables en Galicia, una zona con un alto potencial para la producción de energía eólica. Este proyecto, liderado por Greenalia, simboliza un compromiso con la transición energética y el logro de los objetivos de sostenibilidad establecidos tanto a nivel nacional como internacional.
La validación del parque eólico de Campelo supone una noticia positiva para el desarrollo de las energías renovables en Galicia, una región con un gran potencial para la generación de energía eólica. Este proyecto, promovido por Greenalia, representa una apuesta por la transición energética y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad marcados a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, los desafíos legales y administrativos continúan siendo un obstáculo importante para el avance del sector. Las demandas de mayor seguridad jurídica por parte de los actores involucrados reflejan la necesidad de un marco normativo más claro que permita agilizar los procedimientos y evitar largos procesos judiciales que retrasen el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
En este contexto, el fallo del Tribunal Supremo establece un precedente importante para futuros litigios relacionados con autorizaciones de parques eólicos y la interpretación de las normativas ambientales. Aunque la última palabra podría recaer en el TJUE, esta sentencia refuerza la posición del sector eólico en Galicia y contribuye a dar un impulso necesario a la transición energética en la región.
