En un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y los desafíos estructurales en el mercado laboral, se ha instado a España a adoptar medidas concretas para asegurar un crecimiento económico sostenible. Entre las principales recomendaciones, destacan el impulso a una política migratoria más activa y la inclusión de trabajadores de mayor edad en el mercado laboral, como estrategias clave para contrarrestar el descenso de la población activa.
España enfrenta una presión creciente sobre su economía como resultado de una transición demográfica acelerada. La baja natalidad, combinada con el aumento en la esperanza de vida, ha llevado a una disminución del número de personas en edad de trabajar, mientras que la proporción de adultos mayores continúa creciendo. Esta dinámica representa un desafío directo para la sostenibilidad del sistema de pensiones, la productividad y la competitividad a largo plazo.
Ante este panorama, se ha señalado que el país debe prepararse para afrontar una “escasez estructural de mano de obra”, que ya se manifiesta en varios sectores productivos, como la construcción, la agricultura, los servicios de salud y la tecnología. Para mitigar este problema, se propone facilitar la entrada de trabajadores extranjeros cualificados y no cualificados, a través de mecanismos que regulen eficazmente los flujos migratorios y mejoren la integración laboral y social de los recién llegados.
La inmigración es vista no solo como una respuesta demográfica, sino también como un factor positivo para el crecimiento económico, la innovación y el equilibrio intergeneracional. Las recomendaciones destacan la necesidad de evitar obstáculos burocráticos que limiten la incorporación de talento extranjero, así como reforzar políticas de formación y reconocimiento de competencias para que los inmigrantes puedan acceder rápidamente a empleos formales y cualificados.
En paralelo, se subraya la importancia de aprovechar mejor el potencial de los trabajadores de mayor edad. Actualmente, la tasa de empleo entre las personas mayores de 55 años en España se sitúa por debajo del promedio de otras economías avanzadas. Se sugiere revisar los incentivos laborales y fiscales que desincentivan la permanencia en el empleo, y fomentar programas de recualificación que permitan a esta población adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas demandas del mercado.
Se promueve además la puesta en marcha de medidas de empleo focalizadas en mujeres, jóvenes y otros colectivos con baja tasa de empleo, para que se incremente el número de contribuyentes y se disminuya la dependencia del Estado a largo plazo. Mejorar el sistema educativo, desarrollar la capacitación profesional y equilibrar la vida laboral y familiar son aspectos clave para alcanzar esta meta.
Otro aspecto señalado es la necesidad de mejorar la productividad del trabajo, que en España ha mostrado un crecimiento moderado en comparación con otras economías europeas. Para ello, se propone invertir en innovación, digitalización, infraestructura y mejorar el clima de negocios. El fortalecimiento de las pymes y la reducción de la precariedad laboral también se contemplan como líneas de acción prioritarias.
Las alertas surgen en una etapa en la que la nación intenta afianzar su recuperación económica después de los impactos de la pandemia, el aumento de precios y las tensiones geopolíticas mundiales. Aunque se reconocen los progresos alcanzados en cuanto a empleo en tiempos recientes, se considera que el contexto demográfico actual requiere de una perspectiva estratégica a largo plazo que integre reformas estructurales, inversión gubernamental y una mayor cohesión social.
El diálogo sobre la manera de garantizar el desarrollo económico en una sociedad que está envejeciendo se vuelve más apremiante. La urgencia de implementar medidas proactivas que fomenten la inmigración controlada, el envejecimiento saludable y la integración laboral de manera amplia se presenta como un plan esencial para que España pueda afrontar exitosamente los retos futuros.
